Mientras PG&E se tambalea, no podemos permitir que la empresa de servicios públicos frene el crecimiento de la energía pública en California
Nuestra relación con PG&E hace tiempo que ha caducado, y la empresa tiene que ponerle fin de una vez por todas. San Francisco está harta de aguantar a una empresa poco fiable con un historial plagado de quiebras, investigaciones federales y sobrefacturación a los clientes. La energía pública ya ha demostrado ser un servicio eléctrico seguro, fiable, asequible y sostenible, y San Francisco está preparada.
En un artículo de opinión publicado en el Sacramento Bee, los senadores estatales de California Scott Wiener (demócrata por San Francisco) y Susan Talamantes Eggman (demócrata por Stockton) dicen la verdad: ya es hora de que nos despidamos de PG&E y demos la bienvenida a la energía pública.
Tras salir de la quiebra por segunda vez en dos décadas, PG&E se enfrenta a un proceso judicial por los recientes incendios forestales, hace frente al creciente descontento con su servicio e intenta subir sus tarifas, ya de por sí altísimas, para mantenerse a flote.
PG&E ya no es la única opción para el suministro eléctrico, y cada vez coge más fuerza el movimiento entre las diversas comunidades de California —incluidos nuestros distritos tanto urbanos como rurales— deseosas de abandonar el modelo con ánimo de lucro de esta empresa de servicios públicos y pasar, de una vez por todas, a un sistema eléctrico público gestionado a nivel local.
Solo hay un problema: PG&E, como suele hacer en tantos otros asuntos, parece estar haciendo todo lo posible por frenarlos.
La ciudad de San Francisco inició hace dos años su reciente campaña a favor de la energía pública, ofreciendo 2.500 millones de dólares para adquirir los equipos eléctricos locales de la empresa de servicios públicos como parte de su salida de la quiebra. San Francisco cuenta con un sistema de energía pública que se puso en marcha hace más de 100 años, ha ido creciendo con el tiempo y, en la actualidad, a través de la adquisición y la generación, suministra más del 70 % de la electricidad que se consume en la ciudad. Lo que la ciudad propuso es una operación relativamente sencilla que le permitiría hacerse cargo de la última pieza de su sistema eléctrico, al tiempo que mantendría a los trabajadores locales de la empresa eléctrica y pasaría a un suministro energético más ecológico.
«Sabemos que podemos llevar a cabo esta labor de forma más segura, más fiable y más rentable que PG&E», afirmó London Breed, alcaldesa de San Francisco, señalando que el 70 % de los habitantes de San Francisco apoya el paso a un sistema eléctrico público.
Aun así, PG&E rechazó de plano la oferta de la ciudad. Desde entonces, PG&E ha trabajado activamente para socavar las operaciones eléctricas de San Francisco. En el último año, la ciudad se ha visto obligada a llevar a PG&E a los tribunales por los intentos de la empresa de imponer más de 1.000 millones de dólares en cargos de servicio innecesarios a los clientes de la ciudad. Al mismo tiempo, PG&E está retrasando las conexiones eléctricas básicas en una serie de edificios públicos, desde centros comunitarios e instalaciones de agua hasta nuevos proyectos de transporte público. La semana pasada, un tribunal federal de apelación se puso del lado de San Francisco en la demanda, instando a las agencias federales a considerar los preocupantes «efectos anticompetitivos» de las acciones de PG&E en la ciudad.
San Francisco ha recurrido ahora al organismo regulador estatal de PG&E, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), para que realice una evaluación imparcial del valor de los activos de PG&E dentro de los límites de la ciudad. California cuenta con 45 empresas de suministro eléctrico públicas sin ánimo de lucro que prestan a sus clientes un servicio eléctrico a bajo coste y de gran fiabilidad. No se trata de un concepto nuevo, ni tampoco de uno controvertido. Pero PG&E está intentando convencer a la CPUC de que ni siquiera considere la idea.
Hay indicios de que es posible superar las tácticas dilatorias de PG&E. El Distrito de Riego del Sur de San Joaquín ganó en diciembre una batalla judicial clave en su intento por suministrar energía eléctrica a sus clientes, una iniciativa que se inició en 2004. PG&E lastró el proceso durante años, rechazando una oferta de 116 millones de dólares para hacerse cargo de la red eléctrica local y presentando demandas para retrasar la operación. Una reciente sentencia de un tribunal federal de apelación pone fin a esta situación, al validar la autoridad del distrito de riego para prestar su propio servicio eléctrico.
No faltan motivos para que el estado permita que comunidades como San Francisco y South San Joaquin sigan su propio camino en materia de energía pública. Han ofrecido una suma considerable por los activos de PG&E, dinero que puede ayudar a la empresa a indemnizar a las víctimas de los incendios forestales y a destinar recursos a las numerosas mejoras necesarias en toda su zona de servicio.
Estas comunidades, al igual que cualquier otro proveedor local de energía, seguirán siendo clientes de la red de transporte de PG&E, contribuyendo íntegramente con su parte de los costes de mantenimiento de dicha red y de su refuerzo frente a la amenaza de incendios forestales. San Francisco y South San Joaquin también pueden seguir siendo el lugar de trabajo de los empleados de PG&E: ambas empresas cuentan con una trayectoria de décadas en el apoyo a los puestos de trabajo sindicados, la contratación local y la oferta de salarios y prestaciones competitivos.
PG&E no tiene ningún argumento válido para impedir estas transacciones. Tiene una deuda enorme y sus problemas no hacen más que agravarse; solo en lo que respecta al incendio Dixie de este verano, se prevé que los gastos asciendan a miles de millones.
Los dirigentes locales de San Francisco y del Valle de San Joaquín tienen un objetivo: suministrar electricidad de forma segura y fiable a sus propios clientes. Cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para gestionar sus propias redes eléctricas. Ha llegado el momento de que PG&E les deje actuar con autonomía.
