Una deuda colosal y supuestos poco sólidos
Cinco cosas que los californianos deben saber sobre los planes de quiebra de PG&E
Los expertos municipales han analizado minuciosamente los planes de PG&E para salir de la quiebra. Lo que hemos descubierto debería preocupar a todos los californianos que tienen que pagar una factura de PG&E y a todos los responsables políticos a quienes les preocupa el futuro de nuestro sistema energético.
Para salir de la quiebra, PG&E tiene previsto contraer una enorme deuda adicional —13 900 millones de dólares— y está partiendo de hipótesis poco sólidas sobre tipos de interés irrazonablemente bajos y una regulación permisiva. Si esas hipótesis no se cumplen, serán los usuarios de PG&E quienes tendrán que cubrir la diferencia con tarifas más elevadas. A continuación se presentan nuestras cinco conclusiones principales sobre el plan de PG&E; nuestro análisis completo se puede consultar aquí.
N.º 1: PG&E tiene previsto contraer una impresionante deuda nueva de 13 900 millones de dólares.
La característica principal del plan de PG&E para salir de la quiebra consiste en acumular nueva deuda, al menos 13 900 millones de dólares, lo que elevará la deuda total de PG&E a la asombrosa cifra de 35 400 millones de dólares. Asumir esta montaña de deuda y aplazarla en el futuro permite a PG&E eludir cambios estructurales reales y traslada los riesgos a los usuarios y a nuestro estado.
N.º 2: PG&E se basa en hipótesis poco sólidas para afirmar que las tarifas eléctricas no subirán.
En virtud de la nueva ley de California sobre responsabilidad por incendios forestales (AB 1054), los planes de PG&E deben ser neutrales para los usuarios de California. Para poder optar a los fondos estatales, el plan de PG&E no puede perjudicar a los consumidores con el fin de protegerse a sí misma o a sus acreedores. Sin embargo, es posible que PG&E esté haciendo precisamente eso, al basarse ahora en hipótesis erróneas y trasladar los costes a los usuarios cuando dichas hipótesis no se cumplan. Por ejemplo, PG&E está asumiendo que puede obtener un tipo de interés más bajo del que suele utilizar en sus previsiones, a pesar de que se encontrará en una situación financiera peor. Además, cuando PG&E afirma que su plan es neutral para los contribuyentes, solo significa que el plan de quiebra no incluye un aumento de las tarifas. Los análisis muestran que la debilitada situación financiera de PG&E hace muy probable que las tarifas suban tras la quiebra, ya que PG&E intentará pagar a los acreedores e invertir en mejorar la seguridad y el servicio.
N.º 3: PG&E apenas da detalles sobre sus planes de reorganización.
PG&E ha afirmado, de forma imprecisa, que adoptará una estructura regional más descentralizada para mejorar su capacidad de respuesta. Sin embargo, en los documentos presentados en el marco de la quiebra solo se incluye un breve resumen de una página sobre lo que implicaría este enfoque. Además, no se tienen en cuenta los costes iniciales que conlleva la transición.
PG&E tampoco explica por qué se muestra tan reacia a que ciudades como San Francisco asuman una mayor responsabilidad en la distribución local de la energía, cuando la propia empresa reconoce el valor de la localización y la descentralización.
N.º 4: PG&E tampoco se pronuncia con claridad sobre la seguridad.
Los planes de PG&E contienen muchos detalles financieros, pero apenas especifican las mejoras de seguridad que se llevarían a cabo. El plan no incluye indicadores de seguridad concretos, alegando que estos se determinarán más adelante. Una vez más, resulta difícil determinar cuáles serían las repercusiones financieras o en materia de seguridad de estas mejoras, ya que carecen de detalles concretos.
N.º 5: PG&E también sostiene que necesita una regulación menos estricta para sobrevivir.
En su escrito, PG&E también ha afirmado que la única forma de salir de la quiebra es mediante lo que denomina un enfoque «regulatorio constructivo», sin explicar en ningún momento que este enfoque implica tarifas eléctricas más elevadas y/o un mayor riesgo para los clientes. PG&E ha dado pistas sobre lo que entiende por «constructivo» en documentos recientes, y la empresa declaró en noviembre de 2019 que «la política pública óptima en estas circunstancias implica no imponer multas ni sanciones económicas por la conducta anterior a la solicitud de quiebra». Básicamente, parece que PG&E quiere trasladar la carga financiera y el riesgo de los accionistas a los usuarios, obligándoles a respaldar a la empresa en el futuro, sin importar el coste.
La mejor opción es la energía pública.
El Ayuntamiento de San Francisco sigue convencido de que la mejor vía a seguir —tanto para PG&E como para las víctimas de los incendios y para todos los usuarios de la empresa— es que San Francisco asuma el control total de la distribución de la energía eléctrica dentro de la ciudad, lo que permitiría a PG&E reducir su enorme deuda y ofrecería a los residentes de San Francisco un servicio más ágil y específico, además de protegerlos frente a los futuros riesgos financieros de PG&E. Mientras tanto, los líderes estatales y los residentes deberían presionar para que se lleve a cabo una reforma y una reestructuración reales de PG&E.