Deuda masiva y suposiciones poco sólidas
Cinco cosas que los californianos deben saber sobre los planes de quiebra de PG&E
Los expertos de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco y de la Fiscalía Municipal han analizado minuciosamente los planes de PG&E para salir de la quiebra. Lo que hemos descubierto debería preocupar a todos los californianos que tienen que pagar una factura de PG&E y a todos los legisladores que se preocupan por el futuro de nuestro sistema energético.
Para salir de la quiebra, PG&E tiene previsto acumular una nueva y enorme deuda —13 900 millones de dólares— y está haciendo suposiciones poco sólidas sobre tipos de interés irrazonablemente bajos y una regulación permisiva. Si esas suposiciones fallan, serán los contribuyentes de PG&E quienes tendrán que compensar la diferencia con tarifas más altas. A continuación se presentan nuestros cinco puntos clave sobre el plan de PG&E y nuestro análisis completo se encuentra aquí.
N.º 1: PG&E prevé asumir una deuda astronómica de 13 900 millones de dólares.
La característica principal del plan de PG&E para salir de la quiebra es acumular nuevas deudas, por lo menos 13 900 millones de dólares, lo que elevará la deuda total de PG&E a la asombrosa cifra de 35 400 millones de dólares. Asumir esta montaña de deuda y trasladarla al futuro permite a PG&E eludir cambios estructurales reales y trasladar los riesgos a los contribuyentes y a nuestro estado.
N.º 2: PG&E se basa en suposiciones poco sólidas para afirmar que las tarifas eléctricas no subirán.
En virtud de la nueva ley de responsabilidad por incendios forestales de California (AB 1054), los planes de PG&E deben ser neutrales para los contribuyentes de California. Para poder optar a fondos estatales, PG&E no puede elaborar un plan que aumente las tarifas de los consumidores con el fin de protegerse a sí misma o a sus acreedores. Pero PG&E podría estar haciendo precisamente eso, basándose en suposiciones erróneas en este momento y trasladando los costes a los contribuyentes cuando esas suposiciones no se cumplan. Por ejemplo, PG&E está asumiendo que puede obtener un tipo de interés más bajo del que suele utilizar en sus previsiones, a pesar de encontrarse en una peor situación financiera. Además, cuando PG&E afirma que las tarifas no subirán como resultado de su plan, solo significa que el plan de quiebra no incluye un aumento de la tarifa. El análisis muestra que la debilitada situación financiera de PG&E hace muy probable que las tarifas suban tras la quiebra, ya que PG&E intentará pagar a los acreedores e invertir en mejorar la seguridad y el servicio.
N.º 3: PG&E apenas da detalles sobre sus planes de reorganización.
PG&E ha afirmado, de manera imprecisa, que adoptará una estructura regional más descentralizada para ser más receptiva. Sin embargo, en sus documentos de quiebra solo se incluye un breve resumen de una página sobre lo que implicaría este enfoque. Tampoco se tienen en cuenta los costes iniciales de la transición.
PG&E tampoco explica por qué se resiste tanto a que ciudades como San Francisco asuman una mayor responsabilidad en la distribución local de la energía, cuando la empresa reconoce el valor de la proximidad y la descentralización.
N.º 4: PG&E tampoco tiene ni idea de lo que es la seguridad.
Los planes de PG&E contienen muchos detalles financieros, pero apenas explican las mejoras de seguridad que se llevarían a cabo. El plan no incluye medidas de seguridad concretas, alegando que estas se determinarían más adelante. Una vez más, resulta difícil determinar cuáles serían las repercusiones financieras de las mejoras de seguridad, ya que no se han facilitado detalles al respecto.
N.º 5: PG&E también sostiene que necesita una regulación menos estricta para sobrevivir.
En su declaración, PG&E también ha afirmado que la única forma de salir de la quiebra es mediante lo que denomina un enfoque «regulatorio constructivo», sin explicar que este enfoque implica tarifas eléctricas más elevadas y/o un mayor riesgo para los consumidores. PG&E ha insinuado lo que quiere decir con «constructivo» en sus recientes declaraciones, y la empresa de servicios públicos declaró en noviembre de 2019 que «la política pública óptima en estas circunstancias no implica la imposición de multas monetarias o sanciones por la conducta previa a la competencia». Básicamente, PG&E quiere trasladar cualquier carga financiera derivada de sus acciones pasadas a las víctimas y a los contribuyentes, obligándoles a subvencionar el servicio en el futuro, sin importar el coste.
La mejor opción es la energía pública.
La ciudad de San Francisco sigue convencida de que la mejor vía a seguir —tanto para PG&E como para las víctimas de los incendios y para todos los contribuyentes de la empresa— es que San Francisco asuma el control total de la distribución de energía eléctrica dentro de la ciudad, lo que permitiría a PG&E reducir su deuda y ofrecería a los residentes de San Francisco un servicio más receptivo y centrado, además de protección frente a los futuros riesgos financieros de PG&E. Mientras tanto, los líderes estatales y los residentes deben presionar para lograr una verdadera reforma y reestructuración de PG&E.